Prevaricación en España: qué es, tipos, penas y peculiaridades

La prevaricación es uno de los delitos más graves relativos al funcionamiento administrativo y al ejercicio del poder público. En España está regulada en el artículo 404 del Código Penal, y su conocimiento resultará esencial tanto para gestores públicos como para particulares que interactúan con la Administración. En Canarias no existe una normativa autonómica distinta para este delito, pero su aplicación depende de los órganos judiciales insulares.

A lo largo de este artículo veremos qué es la prevaricación, sus requisitos, clases, sanciones, procedimientos, ejemplos jurisprudenciales y recomendaciones prácticas.

¿Qué es la prevaricación y qué normativa la rige?

La prevaricación en España consiste en que un funcionario público o autoridad dicta una resolución arbitraria, injusta o contraria al derecho, con pleno conocimiento de su injusticia. No basta con un error o una resolución polémica: debe existir dolo claro.

• El artículo 404 del Código Penal sanciona a la autoridad o funcionario que, “a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” con inhabilitación especial por 9 a 15 años.
• Este delito forma parte del Título XIX del Código Penal (Delitos contra la Administración Pública).
• La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 modificó la redacción del artículo 404 para reforzar el elemento subjetivo del delito (la conciencia de la injusticia).

Características esenciales del delito

Para que pueda imputarse una prevaricación se requieren los siguientes elementos:

1. Sujeto activo: autoridad o funcionario público que actúe en ejercicio de sus funciones.
2. Resolución administrativa arbitraria e injusta: debe ser un acto de contenido decisorio que infrinja el derecho de forma manifiesta. Según jurisprudencia, la injusticia debe ser evidente, flagrante, clamorosa.
3. Conciencia del autor: actuar “a sabiendas de su injusticia” implica dolo directo; no cabe dolo eventual en este tipo penal.
4. Relación con un asunto administrativo: es decir, decisiones que impactan derechos de los administrados o interés público.

Tipos de prevaricación y delitos afines

Aunque el artículo 404 es el tipo general, existen otras modalidades o delitos relacionados:

• Prevaricación judicial: cuando jueces o magistrados dictan sentencias o decisiones que son manifiestamente injustas.
• Prevaricación en nombramientos (art. 405 CP): un funcionario que propone o nombra a alguien sin los requisitos legales, a sabiendas de esa ilegalidad.
• Prevaricación por omisión: el funcionario omite deliberadamente promover actos administrativos necesarios, infringiendo su deber.
• Delitos conexos: como falsedad documental, malversación, tráfico de influencias, etc., que muchas veces concurren con la prevaricación.

Penas y consecuencias por prevaricación

Cuando la condena es firme, las sanciones pueden ser severas:

• Pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, durante 9 a 15 años. vLex+3Noticias Jurídicas+3Código Penal España+3
• En casos de prevaricación judicial puede contemplarse pena de prisión (cuando la resolución injusta consista en una sentencia) y otras sanciones graves.
• Inhabilitación y pérdida de funciones: en general implicará que el funcionario no podrá ocupar cargos públicos ni participar en elecciones por el tiempo de la pena.
• En algunos supuestos, puede haber responsabilidad civil derivada hacia los perjudicados.

Procedimiento penal: cómo se investiga la prevaricación

El proceso penal para prevaricación sigue las reglas generales del derecho penal, con peculiaridades:

1. Investigación/instrucción: pueden abrirse diligencias a partir de denuncias, querellas o oficio judicial.
2. Pruebas y diligencias: revisión de archivos administrativos, informes técnicos, audiencias de testigos, etc.
3. Juicio oral: si el magistrado de instrucción considera que hay indicios, se eleva el asunto a procedimiento penal.
4. Sentencia y recursos: las partes pueden recurrir a instancias superiores.
5. Prescripción: el delito de prevaricación administrativa prescribe en 10 años (según normativa penal).

Prevaricación en Canarias: particularidades que conviene conocer

Aunque la regulación penal es estatal, su aplicación en Canarias tiene ciertas notas distintivas:

• Los órganos judiciales insulares (juzgados de instrucción, Audiencia provincial) son los encargados de tramitar estos casos cuando el acto arbitrario ocurre en una isla canaria.
• En Canarias, la actividad administrativa está muy vinculada al urbanismo, turismo y planificación territorial. En estos ámbitos, las decisiones administrativas pueden padecer riesgos de incurrir en prevaricación (por licencias otorgadas fuera de normas, usos turísticos ilegales, etc.).
• La jurisprudencia local de los tribunales canarios sirve como referencia para interpretar cuándo una resolución puede considerarse arbitraria o injusta en el contexto isleño.

Casos y ejemplos ilustrativos

• Un funcionario que concede una licencia urbanística contraviniendo normas urbanísticas claramente aplicables (por ejemplo, construir en zona no edificable) puede incurrir en prevaricación.
• Un juez que, sabiendo que una prueba ha sido declarada ilegal pero la admite deliberadamente, dictaría una sentencia injusta.
• La prevaricación administrativa en contratación pública: cuando se adjudica un contrato sin respetar los criterios legales, favoreciendo a una empresa sin justificación.

Recomendaciones ante sospecha de prevaricación

Si como ciudadano detectas que una autoridad o funcionario ha dictado una resolución manifiestamente injusta, puedes:

• Presentar denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el juez competente.
• Solicitar copia del expediente administrativo para auditar el procedimiento.
• Apoyarte en un abogado penalista para valorar la viabilidad de la reclamación.
• En procedimientos civiles o contenciosos, impugnar la resolución en sede administrativa antes de acudir a lo penal.

La prevaricación en España representa una grave vulneración del principio de legalidad y del deber público de actuar conforme al derecho. En España, está tipificada en el artículo 404 del Código Penal, y su sanción recae principalmente sobre autoridades y funcionarios que dictan decisiones injustas de forma consciente.

En Canarias, aunque no hay normativa propia para este delito, el contexto territorial y administrativo puede aumentar el riesgo de que ocurran casos. Para protegerse, es clave conocer los elementos del delito, los mecanismos de denuncia y contar con asesoría legal especializada cuando haya indicios de abuso administrativo.